El parlamento catalán ha aprobado el nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas, incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, que, de acuerdo a los planes, debería entrar en vigor el próximo sábado, ante lo cual ha mostrado su rechazo la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). El gravamen se aplicará a las siguientes categorías de bebidas azucaradas envasadas: refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores.
“Las empresas del sector consideran del todo inviables los plazos marcados para la entrada en vigor del nuevo impuesto que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña el pasado 22 de marzo y debe comenzar a aplicarse el próximo 1 de abril”, explican desde la Federación. En ese sentido, desean trasladar su enorme preocupación por la precipitada entrada en vigor en Cataluña del nuevo impuesto que grava en la Comunidad a las bebidas azucaradas envasadas; “una medida que crea mucha confusión y que complica la gestión de las compañías que operan en un mercado único”. Además, las compañías han trasladado a FIAB que no han tenido tiempo material de preparar sus sistemas de gestión para poder asumir el importante cambio que supone tener que recalcular y modificar el precio de una gran cantidad de productos antes del próximo sábado.
De acuerdo al texto aprobado, las empresas tienen la obligación de hacer la liquidación del primer trimestre de aplicación del impuesto (abril, mayo y junio) el próximo 1 de julio, lo que exige tener todo el sistema listo para repercutir el impuesto este mismo fin de semana.
El sector pone de manifiesto también que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado convenientemente a los consumidores, a pesar de estar claramente afectados, ya que la ley especifica que las empresas tienen la obligación de repercutir el impuesto al consumidor final, incorporando una cuantía que en algunos casos supera el 50% del valor del producto.
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha calificado estas medidas como un mensaje negativo a la sociedad porque “retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo”, además de ser un “impuesto que crea inseguridad jurídica y quiebra la unidad de mercado tan necesaria para garantizar la competitividad de la industria”. La decisión adoptada por el parlamento catalán plantea un escenario que “penaliza la demanda y castiga el crecimiento, no sólo de la industria de alimentación y bebidas, sino de aquellos sectores vinculados, como el turismo o el canal de hostelería y restauración, claves para el desarrollo de España dentro y fuera de nuestras fronteras”.
En línea con esto, FIAB ha solicitado al Gobierno de España que intervenga para “garantizar la unidad de mercado y proteja los instrumentos que garanticen la competitividad de la industria y la equidad en todo el Estado”.
“No parece razonable que la actividad industrial pueda vivir con la amenaza de iniciativas legislativas o fiscales discriminatorias que pongan trabas a la unidad de mercado y generen dificultades constantes en el desarrollo de la actividad”, destacó el Director General de FIAB.
A principios de diciembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó la creación de un nuevo impuesto para gravar las bebidas de alto contenido en azúcar, el sector de la alimentación y bebidas ya advirtió sobre las consecuencias negativas de esta medida fiscal sobre un sector estratégico para la economía nacional, del que dependen en España medio millón de personas de manera directa y 30.000 empresas, en su mayoría pymes.
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