El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de diciembre de 2016 la creación de un nuevo impuesto para gravar las bebidas de alto contenido en azúcar, es decir, los refrescos principalmente, con el que recaudarían 200 millones de euros en 2017, pero todavía no ha especificado los importes ni la forma en la que se aplicarán. Una medida que llega a colación del informe que publicó la Organización Mundial de Salud (OMS) en el que recomienda un aumento de las tasas de, al menos, un 20% con el objeto de reducir su consumo y frenar el riesgo de obesidad, diabetes y caries dental.
Uno de los problemas que se plantea sobre el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas es su compatibilidad con el impuesto sobre los refrescos en Cataluña, que gravará los refrescos, zumos de fruta y bebidas deportivas y recaerá en el consumidor final del producto. El tributo será de 8 céntimos por euro para las bebidas que contengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y de 12 céntimos para las que tengan un nivel de azúcar mayor. El impuesto empezará a devengarse a partir del 1 de abril y se cobrará a partir del 1 de julio con e-Spriu, nueva herramienta tributaria con la que la Generalitat podrá recaudar impuestos que se cobran periódicamente.
Desde Anfabra, Asociación de Bebidas Refrescantes, han mostrado su postura ante el anuncio del Gobierno: “lamentamos la forma en la que se está produciendo, sin diálogo con los sectores afectados y de manera sorpresiva“. Han asegurado, además, que la industria de las bebidas refrescantes “ha demostrado siempre su compromiso con la búsqueda de soluciones“.
En esta línea, Anfabra se ha reunido con el Ministerio de Sanidad para impulsar un compromiso de reducción voluntaria del contenido de azúcar puesto en el mercado en estas bebidas, reducción que ya ha alcanzado un 23% en los últimos 10 años, superando ya el objetivo fijado actualmente por la patronal europea, Unesda. Ésta se ha marcado una disminución del 22% en el periodo 2000-2020.
“La reducción conseguida ya en el conjunto de Europa es del 12%, lo que posiciona a España como un país destacado en el continente en cuanto a disminución de azúcares y calorías”. Esto ha sido posible en el marco de la Estrategia NAOS promovida por la Aecosan, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, que ha alentado a las empresas a trabajar con las autoridades para adoptar acciones voluntarias con el objetivo común de revertir el incremento de la obesidad.
Asimismo, han asegurado que esta medida “perjudicaría la recuperación del consumo, ya que afectaría de manera especial a la hostelería y el turismo”. Por otro lado, también han destacado que “los impuestos no son eficaces para resolver problemas de salud, ya que la clave pasa por las dietas equilibradas”.
A finales de noviembre, el sector del Gran Consumo, con las firmas de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Promarca, la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Marcas de Restauración y Cooperativas Agroalimentarias de España, advirtió que “una subida de impuestos implicaría un significante retroceso del consumo”.
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